Transparencia algorítmica en Colombia: aplicar la Ley 1712 de 2014 a los Sistemas de Decisión Automatizada

La Ley 1712 de 2014, conocida como Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, transformó el régimen colombiano al invertir la regla: lo público es público por defecto, y son las excepciones las que deben justificarse. Más de una década después, la Sentencia T-067 de 2025 extendió este principio a un nuevo objeto: el código fuente y la lógica de los sistemas automatizados usados por el Estado.

Este artículo explica cómo aplicar la Ley 1712 de 2014 a los Sistemas de Decisión Automatizada (SDA) y los retos jurídicos que esta transparencia algorítmica implica para entidades públicas colombianas: su marco normativo, sus tensiones con la propiedad intelectual y los secretos comerciales, y las buenas prácticas para construir un Protocolo de Transparencia Algorítmica operativo.

1. Marco normativo aplicable

2. Análisis: ¿es transparentable el algoritmo del Estado?

La tensión central de la transparencia algorítmica se encuentra entre dos bienes jurídicos legítimos: el derecho del ciudadano a comprender cómo el Estado decide sobre él, y los derechos de propiedad intelectual de los proveedores que desarrollan las soluciones. La Sentencia T-067 de 2025 resolvió esta tensión en términos claros para el caso del software crítico: cuando un sistema automatizado presta un servicio público o decide sobre derechos fundamentales, su escrutinio prevalece sobre el secreto comercial, sin que ello implique expropiación.

La entidad puede y debe establecer mecanismos de auditoría que respeten los legítimos intereses del proveedor —acuerdos de confidencialidad, revisión bajo supervisión, anonimización parcial— pero que garanticen el control público.

La tensión con la propiedad intelectual del proveedor

El argumento más usado por los proveedores para oponerse a la transparencia algorítmica es la protección de la propiedad intelectual. Es un argumento legítimo, pero parcial. La Decisión 486 de 2000 y la Ley 23 de 1982 protegen el software como obra y como secreto empresarial, pero no blindan su uso cuando este se presta en función pública. La fórmula jurídica no es expropiar el código, sino diseñar mecanismos contractuales que permitan a la entidad y a los organismos de control acceder a la verificación técnica sin divulgar públicamente secretos comerciales.

Transparencia proactiva y carga inversa

Un principio central de la Ley 1712 de 2014 es la transparencia proactiva: la obligación de publicar información relevante sin esperar a que sea solicitada. Aplicado a los sistemas automatizados, esto significa que la entidad debe publicar de oficio, en formatos abiertos y accesibles, la existencia, alcance y propósito de los SDA que opera. Complementariamente, en caso de controversia opera una carga probatoria inversa: no es el ciudadano quien debe demostrar que el sistema le vulneró derechos, sino la entidad quien debe acreditar que actuó con la diligencia debida. Esta inversión refuerza la conveniencia de documentar la operación algorítmica desde el primer día.

3. Implicaciones prácticas para entidades públicas

• Inventario obligatorio — toda entidad debe llevar un inventario actualizado de los SDA que utiliza, con descripción de su finalidad, alcance y nivel de impacto sobre los administrados.
• Contratación preparada — los contratos con proveedores deben contemplar cláusulas de auditoría, acceso verificado al código, prohibición de uso de datos para entrenamiento ajeno y mecanismos para responder solicitudes ciudadanas.
• Canal ciudadano — el ciudadano debe contar con un canal claro para solicitar explicación de una decisión automatizada que lo afecte, con términos definidos (Ley 1755 de 2015).
• Carga probatoria reforzada — ante una eventual orden judicial, la entidad debe poder demostrar que ejerció debida diligencia en la verificación técnica del sistema; de lo contrario, se expone a responsabilidad directa.
• Publicidad proactiva — publicar qué sistemas se usan y con qué propósito forma parte del deber constitucional de rendición de cuentas (art. 209 CN).
• Vigilancia institucional — la Defensoría del Pueblo, las personerías y la Procuraduría General pueden activar mecanismos de vigilancia sobre el funcionamiento de los sistemas automatizados. La transparencia documentada facilita esas funciones de control.
• Conexión con el debido proceso — el derecho de acceso del ciudadano se conecta con el derecho de petición y con los recursos administrativos: si el ciudadano no comprende la decisión automatizada, no puede ejercerlos de forma efectiva.

4. Recomendaciones y buenas prácticas

• Adoptar un Protocolo — cree un Protocolo de Transparencia Algorítmica con cinco elementos mínimos: inventario, documentación legible, canal ciudadano, reporte anual y mecanismo de auditoría.
• Negociar las cláusulas — incluya en pliegos y contratos cláusulas que habiliten el acceso verificado al código y la auditoría periódica, sin perjuicio de los legítimos secretos comerciales.
• Explicar, no solo exponer — el ciudadano debe poder entender, en lenguaje accesible, cómo opera el sistema que lo afecta. Esto es diferente a entregar el código fuente: es explicar la lógica.
• Reportar al público — publique anualmente el inventario de sistemas automatizados y los resultados agregados de su funcionamiento. La transparencia proactiva reduce el volumen de peticiones individuales.
• Capacitar al equipo jurídico — capacite al equipo jurídico en los conceptos básicos de los algoritmos que la entidad utiliza. Sin conocimiento técnico elemental no hay defensa procesal posible.